Uno de los más enormes retroceso para los quintanarroenses, en el combate a la impunidad y la corrupción, ha sido la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, herencia del “joaquinismo” que solo ha servido para aumentar la burocracia, dilatar juicios y brindarles a los servidores públicos un trato diferenciado en donde todo puede ser resuelto mediante el pago de una cuota.
El actual presidente del tribunal, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, ya amasa fortuna traficando influencias y acelerando o deteniendo acusaciones contra diversos funcionarios, de acuerdo a lo que pida el mejor postor. Así ocurre actualmente en Solidaridad, en donde ya todos los jueces tienen la consigna de ir con todo contra los exfuncionarios de Morena, pues así lo pagó la presidente municipal, Lili Campos Miranda, ex pareja de uno de los magistrados de este cuerpo.
Este tribunal surgió como parte del “sistema anticorrupción”, para que los asuntos relacionados con la función pública puedan ser analizados de manera especializada y directa. Esta “buena idea” tuvo el resultado contrario, ya que el Congreso del Estado, de forma cómplice con el gobernador Carlos Joaquín, colocó allí a operadores políticos para que solaparan todos los abusos de su administración, además de perseguir a opositores.
De forma ilegal, los magistrados fueron seleccionados por la Comisión Permanente del Congreso, en un periodo de receso (solamente con cinco diputados), en lugar de haber convocado a un periodo extraordinario. Este tema ya fue hecho del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2022, confirmó la inconstitucional de esta instalación y por tanto, la ilegitimidad de todos los actos realizados en los últimos cuatro años, tema que todavía es analizado por el congreso actual.
Entre quienes designó de manera mañosa el congreso joaquinista estaba Fernando Gama, entonces pareja sentimental de la diputada local Lili Campos (conflicto total de intereses). Él era un operador político al servicio de Carlos Joaquín (coloquialmente llamado “mapache”), quien trabajaba en el Estado de México y por tanto tuvo que mentir en declaración jurada y aseverar que era residente de Quintana Roo. Para ello, Kira Iris San, hoy secretaria general del Ayuntamiento, le dio un falso contrato de arrendamiento, para decir que era residente de Playa del Carmen.
El engaño se supo y fue un escándalo. El Congreso aseguró que investigaría pero no hizo nada. Fernando Gama cumplió como magistrado tres años, actuando bajo las órdenes de Carlos Joaquín, antes de renunciar para recibir una notaría como regalo de despedida del ahora ex gobernador.
Aunque ya no está en el Tribunal, gracias a él, Lili Campos Miranda tuvo injerencia directa en todos los asuntos que allí se llevaban. Ahora, a través del magistrado presidente Jesús Antonio Villalobos Carrillo, interviene en los expedientes y dice con cuáles proceder y con cuáles no.
Esto no sale gratis, por cada uno, debe dar una fuerte suma de dinero, que ella desvía de las arcas públicas, cuando son temas de su interés. En otros casos, actúa como “coyote” para ayudar o perjudicar a algún funcionario, a quien le cobra esta importante “cuota”.
Ejemplos de este influyentismo sobran. Aguakan fue demandado por el Ayuntamiento de Solidaridad desde hace dos trienios, pero hasta la fecha el Tribunal de Justicia Administrativa no resuelve. Tampoco ha opinado sobre el ilegal traspaso, por Cristina Torres, de un predio destinado a una escuela, en favor de Mayakobá.
En otros casos, el Tribunal marcha a toda velocidad, como ocurrió en Tulum, en contra de la hermana de Marciano Dzul Caamal, con la consigna política de dejarla fuera de cualquier cargo público, o como ahora ocurre en Solidaridad, en contra de ex colaboradores de Laura Beristain Navarrete, para que Lili Campos pueda fingir ante la ciudadanía y decir que trae resultados.
Cabe destacar desde que ella era candidata a diputada, lanzó una campaña de odio en contra de Beristain Navarrete, prometiendo llevarla a la cárcel, pero hasta la fecha la ex presidente municipal continúa trabajando con normalidad como regidora. La “mira” ahora se ha puesto en funcionarios de ese trienio, para evitar que puedan participar en las elecciones de 2024.
Todo este ajuste de cuentas político solo sirve para engordar las carteras de los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, pagado con el dinero de nuestros impuestos.