Previo a la pasada campaña, Lili Campos, para sacar del camino a posibles contrincantes de Morena, desvió recursos públicos para pagarle al Tribunal de Justicia Administrativa para que torciera la ley y comenzara a inhabilitar a ex funcionarios públicos del trienio pasado.
La actual presidente municipal sabía que Morena iba a arrasar en 2024 y dejarla sin posibilidad de reelegirse, por lo que recurrió al uso político de las instancias de “justicia”.
Por ello, desde que inició su gobierno, la panista ha dado la consigna a su equipo para que inventen pruebas o testimonios, algunos con dichos increíbles, hasta ridículos, con tal de poder llevar a juicio a ex funcionarios públicos. La estrategia, ya se vio, fracasó, pues ella perdió la elección, pero como los tribunales son lentos, apenas han comenzado a dar los fallos que “encargó” ella meses atrás.
Es tan evidente esta fabricación de evidencias, que la edil tuvo que recurrir al tráfico de influencias y al soborno para que los expedientes avancen, ante el Tribunal de Justicia Administrativo, que es un legado joaquinista de corrupción.
Este tribunal fue creado en el sexenio de manera ilegal, por una comisión permanente, y no por el pleno del Congreso del Estado. De esa forma, un grupo pequeño de diputados panistas pudieron colocar a operadores políticos y cercanos al ahora ex gobernador como “magistrados”, en lo que fue un nuevo “paquete de impunidad”.
Con descaro, nombraron como magistrados al sobrino de la panista Patricia Sánchez, así como a la delegada del CEN de Acción Nacional. También quedó electo Fernando Gama, ex pareja sentimental de Lili Campos, cuya suplente, Kira Iris, incluso falsificó un contrato de arrendamiento, para que él pudiera probar residencia.
Este “magistrado” ya renunció, pues Carlos Joaquín le regaló una notaría cuando iba de salida, pero en la sala segunda, encargada de Solidaridad, quedó Alfredo Cuéllar Labarthé, abogado borgista quien defendió a la empresa de cajas de seguridad “First National Security”, en donde funcionarios corruptos escondían millonarias sumas de dinero.
Con estos nombramientos, el gobierno joaquinista, del que Lili es heredera, no solo se garantizó impunidad para sus desvíos, sino que también colocó aliados para atacar por consigna a sus contrincantes políticos en Solidaridad.
Claro, esta ayuda no sale barata. Fuentes en el Tribunal señalan que Alfredo Cuéllar exige hasta un millón de pesos por cada expediente que le toque “torcer”, montos que Lili paga sin problema, pues se trata de dinero de los playenses, no de su bolsa.
Parte de este dinero va a parar a las cuentas bancarias de parientes del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, para que él se “haga de la vista gorda”.
El resultado es que el Tribunal ha dado como bueno todo tipo de documento, sin importar si sea falso, lo que ha dejado en la indefensión a los acusados, a quienes no se les permite que ingresen pruebas ni les dan acceso a la documentación oficial, que ha “desaparecido”.
En tanto, familiares del presidente del Tribunal ya estrenan carros, casas, como prestanombres del dinero que reciben, por estos encargos que hace la presidenta de Playa del Carmen, Lili Campos, quien ya solo da patadas de ahogada, después de haber sido humillada en las urnas.